COLOMBIA Y EL DESPLAZAMIENTO

Para comprender mejor qué es y cómo ha sido el desplazamiento forzado en Colombia es necesario tener en cuenta cuatro grandes aspectos: a) la magnitud y dinámica del fenómeno; b) las características de la política pública que durante los últimos cinco años se ha venido implementando para su atención; c) el “enfoque de derechos”, y el “enfoque de discriminación positiva” y d) algunas apreciaciones críticas respecto a algunos aspectos de formulación e implementación de dicha política.
En cuanto al primer aspecto, la magnitud y dinámica, puede destacarse que existen entre 2 y 3 millones de desplazados y que el fenómeno ha adquirido una gran complejidad respecto a las diferentes modalidades, siendo notoria la relación entre el conflicto, el desplazamiento y el despojo de la tierra. Adicionalmente, el desplazamiento afecta de manera más significativa a las mujeres cabeza de familia, a la niñez, y a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Con referencia al segundo aspecto, las características de la política pública, se puede decir que aunque se ha desarrollado un buen marco normativo e institucional, y se ha formulado una estrategia integral de intervención, la magnitud de las necesidades ha sobrepasado en mucho la capacidad de respuesta del Estado y aún de la comunidad internacional cooperante, por lo que se ha dejado de atender a un 65% de la población afectada.
Con respecto al tercer tema, el debate sobre el enfoque de la política, es importante tener en cuenta, en primer lugar la tensión que existe entre un “enfoque de derechos” que busca garantizar el resarcimiento de los derechos de la persona, reconocidos por la normatividad nacional e internacional, y un enfoque que tiende a confinar la respuesta en la simple provisión de condiciones materiales para la subsistencia de la población afectada. En segundo lugar, se pone de manifiesto que durante el último año se ha venido desmontando el esquema de atención basado en el principio de la “discriminación positiva” de la persona e incorporándolo al esquema genérico de política social para la población pobre y vulnerable.
En lo relativo a la formulación e implementación de la política pública, se debe tener en cuenta en primer lugar, los esfuerzos gubernamentales que se han hecho para superar la desarticulación entre la dimensión sectorial y la dimensión regional de la política, concluyendo que dicha desarticulación aún no está siendo resuelta satisfactoriamente. En segundo lugar, se puede decir que aún no se superan algunos desbalances entre los distintos componentes de la política, tales como el hecho de que se sigue poniendo mucho énfasis en la atención de emergencia, mientras que es muy débil la acción en la estabilización socioeconómica, y hay escasísimos resultados en materia de prevención del desplazamiento. En tercer lugar, cabe resaltar el trabajo del gobierno, ya que ha establecido como primera prioridad de su política la promoción de los retornos de la población desplazada (PD), con pocas acciones en la integración local y todavía menos en el reasentamiento.
Por último, es importante señalar algunos de los temas que actualmente son objeto de debate respecto a la política de retornos, en particular los referentes a las garantías a la población que retorna (principalmente la de la seguridad), resaltando que el factor clave ha sido la dificultad para garantizar la sostenibilidad de los retornos a mediano y largo plazo, en medio del conflicto.